13 de mayo

El personal sanitario al que no podemos aplaudir.

España aboca a la población migrante con formación sanitaria a la economía sumergida y prescinde de su experiencia frente al covid-19. Profesionales de Ucrania, Colombia, Honduras y Guinea Ecuatorial comparten sus historias.

Aplausos. Agradecimientos. La población ha aprendido a reconocer a las personas del sector de la salud que, desde el pasado mes de marzo, salvan miles de vidas de personas afectadas por el coronavirus y contienen el contagio de la pandemia del covid-19. El reconocimiento al esfuerzo, dedicación y exposición al virus que estos profesionales reciben ahora contrasta con la atención de la que carecían cuando alertaban de la falta de recursos del sistema de salud público.

Bajo los equipos de protección individual se ocultan unos rostros preparados para sostener la salud de la población en un contexto de pandemia. Detrás de esos trajes que convierten al colectivo sanitario en una especie de masa salvadora homogénea, hay caras diferentes: hombres, mujeres, de menor o mayor edad, con más o menos experiencia, de piel blanca o negra, con rasgos orientales... Sin embargo, hay centenares de personas que han quedado fuera de ese grupo, que no pueden trabajar en un centro, hospital, residencia u otro servicio de salud del país para hacer frente a la pandemia a pesar de tener formación sanitaria. La razón: son personas migrantes y refugiadas.

SIN PERMISO PESE A LA URGENCIA
A pesar del contexto de emergencia sanitaria, existen leyes y procedimientos burocráticos que continúan excluyendo a estas personas de la sociedad de acogida, incluso cuando cerca del 17,5% del total de la población contagiada en España es personal sanitario que llevan semanas reclamando un refuerzo de las plantillas. Estas personas migrantes tienen a menudo años de formación y experiencia sanitaria en sus países de origen, pero no pueden ejercer su profesión en España por encontrarse en algún proceso de regularización administrativa u homologación profesional. Solo entre los movilizados en grupos de denuncia, se contabilizan casi un millar de sanitarios migrantes sin papeles. La mayoría recurren a trabajos no profesionalizados e informales mientras siguen intentando ejercer como personal sanitario.

Maksym es un médico de 25 años titulado en Ucrania y trabaja informalmente en la construcción. Santiago Nasar —apodo literario elegido por este médico para preservar su intimidad— es un hombre que acumula 15 años de experiencia como auxiliar de enfermería en Colombia y también trabaja sin contrato como albañil. Fer —también nombre ficticio— es una mujer con 10 años de experiencia como médico en Honduras y trabajaba, hasta que se decretó el estado de alarma, sin contrato como cuidadora de una persona mayor. Los tres se han encontrado en el grupo de Sanitarios Inmigrantes Solidarios de Barcelona, un colectivo que suma a más de 200 personas sanitarias migrantes que se encuentran en la misma situación: quieren trabajar, pero no pueden. Han llegado a la ciudad condal desde países y contextos distintos, pero comparten la voluntad de ser parte de la solución a la crisis sanitaria por covid-19.

Maksym es joven, habla un español excelente y mantiene viva la ilusión por conseguir trabajo en el campo de la medicina. No tiene permiso de trabajo ni el título homologado. No le ha dado tiempo. Llegó hace un año a Barcelona y ahora no entiende cómo no se agilizan los permisos de trabajo en el sector sanitario: “Me da mucha pena que los sanitarios no podamos trabajar por no tener los papeles en regla. No queremos ser unos mantenidos, queremos trabajar en nuestra red sanitaria y ayudar en la región en la que residimos”. Sigue trabajando como albañil, aunque ahora con más temor a ser interceptado por la policía.

50% SIN PERMISO DE RESIDENCIA O TRABAJO
Maksym, junto a decenas de personas voluntarias sanitarias del grupo, reparte de forma semanal mascarillas y alimentos a las personas sin hogar de las calles de Barcelona. “Hacemos voluntariados sin pedir dinero a cambio porque queremos ayudar en lo que podamos durante la pandemia”, precisa. El Ayuntamiento de Barcelona ha registrado a 369 personas migrantes del ámbito sanitario o sociosanitario dispuestas a trabajar en esta pandemia, de las que más de un 50% están en situación irregular y más de un 40% son regulares sin homologación del título. La mayoría proceden de América Latina, y sobre todo de Colombia. Marc Serra, regidor de Derechos de Ciudadanía y Participación en el consistorio, lamenta que la Secretaría de Estado de Migraciones no agilice sus permisos de trabajo: “Todo momento de crisis abre oportunidades. Ahora tenemos la oportunidad de poner en valor a nuestros vecinos y vecinas, y cambiar leyes como la de Extranjería. No tiene sentido que haya profesionales con mucha experiencia que no puedan trabajar en este contexto y que se dé prioridad a nacionales por delante de extranjeros muy cualificados”.

DE PERSEGUIDO POR EL ELN A ALBAÑIL SIN PAPELES

Santiago Nasar llegó hace solo tres meses, poco antes del estado de alarma. Tuvo que huir de la persecución del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Colombia, guerrilla que aún sigue activa en el país y que se ha convertido en el principal grupo rebelde después del cese de la lucha armada de las FARC en 2016. Ha solicitado asilo político en España, dejando a su mujer e hija en su país, después de que una facción del ELN quisiera reclutarlo como sanitario en sus filas en la frontera de Arauca. Santiago Nasar trabajaba en una clínica de salud en la unidad de cuidados intensivos en el departamento de Tolima, donde residía junto a su familia, y hacía brigadas de salud en zonas más vulnerables, como en la región de Arauca donde lo capturaron. De Tolima a Arauca hay 900 kilómetros de distancia. No pudo acudir a la justicia cuando quisieron retenerlo.

“Estoy capacitado para trabajar en una UCI. En el hospital manejaba la protección de enfermedades respiratorias”, explica. Como es solicitante de asilo, no tiene permiso de trabajo hasta que pase seis meses en territorio. Pero sí inició la homologación de su título, un trámite que en España suele demorarse hasta tres años. Los servicios jurídicos de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR), la comisión de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Catalunya, aseguran que la homologación es el principal impedimento para que estas personas trabajen. Además, afirman que se está denegando de forma sistemática el asilo a las personas que huyen de Colombia porque se considera que no hay motivo de persecución. Según sus datos, 29.363 personas de Colombia solicitaron protección internacional en el año 2019 y solo se le concedió a 10.

“No estamos aquí para generar conflicto, solo queremos trabajar”, insiste Santiago Nasar, aún incrédulo ante los años que tiene que esperar para ejercer su profesión. “Uno como inmigrante no tiene ni voz ni voto en España. Están dejando de lado a personal sanitario que está capacitado para ayudar en esta crisis, aunque siguen necesitando que cuidemos de sus hogares y su gente mayor”, lamenta.

La Ley de Extranjería, en el artículo 127, prevé la regularización extraordinaria en función del interés público, un mecanismo que parecía que iba a implementar el Gobierno español al principio del estado de alarma para reclutar a personas migrantes sanitarias sin regularizar. Pero esos planes no se han materializado ni se llegaron a comunicar con transparencia a la opinión pública. La única medida excepcional impulsada en estado de alarma por el Gobierno español ha sido acelerar los permisos de trabajo de más de 300 personas migrantes sanitarias en situación regular —que ya tenían solicitud de residencia y trabajo— y la homologación de más de 600 títulos a personal sanitario extranjero regular.

Las regularizaciones extraordinarias han sido un mecanismo aplicado con anterioridad por los gobiernos del PP y el PSOE para regularizar a miles de personas migrantes que España necesitaba en el sector agrícola o de la construcción. El abogado Andrés García Berrio, del Centro de Defensa de los Derechos Humanos Irídia, insiste en que “se ha de recurrir a regularizaciones extraordinarias porque la propia normativa de extranjería deja fuera a la gente del marco de derechos”. Sostiene que ahora se abre un ciclo de movilización social, en el que todo avance en derechos de colectivos migrantes es un paso adelante para el conjunto de la población migrante, para que se entienda que “la actual legislación genera una bolsa de personas irregulares, con una vulnerabilidad que se agrava en un contexto como el actual”.

LA EXPERIENCIA DE LA “MEDICINA DE GUERRA” EN HONDURAS
De Honduras también llegan a España muchas personas que huyen de la violencia de las maras. En 2019 pidieron asilo político cerca de 6.800 personas hondureñas, pero se denegaron o se aplazaron casi la totalidad de las peticiones. Fer, que llegó embarazada de 7 meses en septiembre de 2018 a Barcelona, regentaba una clínica de salud en su país, que tuvo que cerrar cuando empezó a ser extorsionada por la mara18. La extorsión es la principal fuente de ingresos de este grupo criminal y quien no cumple con los pagos es asesinado o se expone a que castiguen a sus familias. Según el censo oficial, hay unos 40.000 mareros en Honduras.