Un curso con golpistas, rupturas, pandemia y la misma desigualdad de siempre

La derecha clama contra una supuesta revolución en ciernes dirigida por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Eso contrasta con la etapa de atomización y debilidad de la izquierda social y política.

El año político 2020, determinado en todo el mundo por la pandemia del covid-19, adquirió en España tonalidades diferentes dentro de un contexto de crisis global con situaciones análogas en un puñado de países. Una crisis que está marcada por la larga caída de la productividad en que se encuentra la economía occidental, la financiarización como única propuesta de desarrollo del capital, el poder de la deuda como vertebradora de la política, la emergencia de la crisis climática y otras derivaciones que coinciden en marcar un fin al ciclo triunfante del neoliberalismo y el comienzo de una etapa de incertidumbre. Muchas vías están abiertas en este cambio de etapa, también la del cierre autoritario. En eso, España no es excepción.

Las tonalidades diferentes de la “provincia España” vienen dadas por la formación de Gobierno en enero de este año. Algo que convirtió automáticamente a España en un país que, como Portugal, aparece en los mapas internacionales como referente de la acción política de la “izquierda”, convertida la socialdemocracia en la única izquierda autorizada en la Unión Europea.

Si 2019 fue el año de la eclosión de Vox, como último y agresivo síntoma del agotamiento de las propuestas políticas del bipartidismo en España ─dos partidos que sostenían aquello que Tariq Ali ha definido para el conjunto de los países occidentales como “el extremo centro”─, 2020 ha sido un año de aterrizaje en la realidad de la ultraderecha y de la configuración plena de su expresión en la calle.

A través de las redes sociales y las técnicas de manipulación que se desarrollan en ellas, la ficción se ha introducido sistemáticamente en el debate político, hasta el punto de que, en buena medida, lo ha copado. 2020 ha sido el año en el que se ha introducido con mayor fuerza el significante del gobierno “social-comunista”.

El conspiracionismo, hasta ahora una infracultura política en España, ha tenido su momento de gloria en 2020, emulando casi como un calco la pujanza del movimiento estadounidense Qanon
La realidad es que ese significante, que se amarra a la realidad histórica de dos de los tres partidos que componen el Gobierno de coalición, adquiere sin embargo una tonalidad fantasmagórica en cuanto no describe sino que pretende simplemente crear la figura de un “otro” amenazador destinado a generar antipatía y terror.

La vida de los otros

Como “meme”, la designación de social-comunista aparece acompañado de un campo semántico propio: bildu-etarras, independentistas, Venezuela y, navegando entre las redes de trols y bots organizados, otra serie de sintagmas informales o de batalla, como los de sepulturero, vicepandemias o marqueses de Galapagar.

La reciente gira de Federico Jiménez Losantos para presentar un nuevo libro ha servido para fijar esa idea de que se está llevando a cabo una revolución que amenaza los valores de una España mítica que, paulatinamente, se identifica cada vez más con el franquismo y menos con el consenso de la Transición, que se basó en buena medida en la asimilación, a cambio de unas cuantas renuncias, del Partido Comunista de España. El deseo “de vuelta al orden” no es una excepción en el contexto occidental, las particularidades se extienden a la composición social de los intereses que aglutinan esa sensibilidad de ultraderecha.


La idea de que el PSOE ha entrado en una deriva que conduce a la revolución y a la República, por el embrujo de Unidas Podemos y, más concretamente de Pablo Iglesias, ha sido el motor de un ruidoso primer año de legislatura en la que el covid-19 ha funcionado como pretexto para tratar de acelerar un plan de desmantelamiento del Gobierno poco definido o directamente delirante, como el “avanzado” por el tuitero Carles Enric, uno de los personajes del año en esa red social.

A medida que aumentaba el cómputo de vidas perdidas por la pandemia aumentaban también los decibelios de la protesta en el Congreso por parte de Vox, seguidos por los de un Partido Popular que teme una pérdida de clientela electoral que lo borre definitivamente del mapa del poder en España. Las sesiones de control al Gobierno sirvieron para imponer la idea de que el Gobierno de Sánchez ha sido “el que peor” ha gestionado la pandemia y deslizar teorías sobre la prevaricación criminal en torno al 8 de marzo, en el plano doméstico, o la creación del virus en un laboratorio chino, siguiendo la agenda del pronto expresidente de Estados Unidos.

El conspiracionismo, hasta ahora una infracultura política en España, ha tenido su momento de gloria en 2020, emulando casi como un calco la pujanza del movimiento Qanon, de apoyo a las ideas de Donald Trump, en Estados Unidos. Pese a que la táctica de desgaste por tierra, mar y aire se basa precisamente en funcionar por aluvión y no ser sofisticada en extremo, la mezcla entre los argumentos sobre la criminalidad del Gobierno, la falta de libertad y las teorías sobre el origen del virus y la vacuna han generado demasiada confusión como para debilitar, en ese flanco, la acción del Ejecutivo.

La gestión puramente sanitaria del covid-19 se ha terminado igualando en las estadísticas macro con las del resto del continente y seguramente venían predeterminadas por las condiciones estructurales de la Sanidad Pública o los sistemas de atención a la dependencia y a las personas mayores antes que por decisiones milagrosas tomadas surfeando la ola del covid. El impacto del covid-19 en las estadísticas de mortalidad, muy superior a los 50.000 que muestra el ministerio, no hace de España, de momento, una excepción respecto al resto de países analizados.

El Gobierno de coalición, que ha mostrado división sobre la derogación de la reforma laboral, no ha impulsado la sustitución o derogación rápida de la Ley de Seguridad Ciudadana
Con todo, el pastiche de críticas tuvo su momento más espeluznante con relación a la gestión de las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid, alternativamente solvente y buena hasta que ─cuando estalló el escándalo─ fue responsabilidad del chivo expiatorio recurrente: Pablo Iglesias.

La magnitud de la crisis sanitaria llevó al Gobierno a ser de los primeros en la UE en tomar medidas estrictas de confinamiento estricto, o lock down, para doblegar la curva de contagios. Esto tuvo una contrapartida inmediata en el incremento vertiginoso de las denuncias policiales en base a la Ley Mordaza. En los primeros 75 días de estado de alarma se propusieron 670.000 sanciones basadas en su articulado. En el conjunto de los tres años previos se había propuesto un millón. La seguridad ciudadana adoptó así durante los tres meses de confinamiento duro carta de naturaleza con el Gobierno de coalición que pretendía derogar la norma diseñada por Jorge Fernández, ministro de Interior del PP.