Cádiz

La historia vuelve a detenerse por un momento en la provincia de Cádiz. La negociación del convenio del metal y la huelga indefinida ponen de relieve la difícil situación de las dos bahías que impulsan la economía de la zona.

Las fotografías ya amarilleaban hace 30 años en el vestíbulo del Hotel Reina Cristina de Algeciras. El recuerdo quiere evocar un piano de cola y algunos instrumentos convertidos en fetiches de la conferencia que tuvo lugar en 1906 en la ciudad. Puede que no exista el piano, ni las plumas, ni los documentos, o que estén en otro sitio. Es fácil deambular mentalmente, sin embargo, por el jardín en el que pasearon aquellos señores que se habían reunido para repartirse África. El hotel y su jardín es uno de los pocos estímulos de turismo cultural —junto a la estatua de Paco de Lucía y la Plaza Alta— para quienes visitan una ciudad que, en gran medida, es ajena al hecho de que la historia pasó fugazmente por allí para retrasar o echar a andar (eso nunca se sabe) el conflicto que daría lugar a la primera Guerra Mundial.

Hoy Algeciras y su bahía es el destino más importante de cruce a África en el Mediterráneo occidental. Al contrario que otras ciudades andaluzas, el mar no aparece como un atractivo paisaje sino como un espacio de comercio y producción. Los contenedores en el puerto emergen como un símbolo de lo que aun hoy se entiende como prosperidad. En 1966, diez años después de la desaparición de aquel Protectorado español de Marruecos que comenzó a ser realizado en los jardines del Reina Cristina, el régimen de Franco declaró Zona de Preferente Localización Industrial la Bahía de Algeciras, que incluye los municipios de Algeciras, Los Barrios, San Roque y La Línea de la Concepción.

La zonificación transformó el paisaje. La bahía se convirtió en el puerto más importante del país. Surgieron las refinerías, los polígonos y se constituyó un polo industrial que definió el desarrollo económico, político y social de la zona. Una excepción en Andalucía.

En las primeras elecciones locales en democracia, Algeciras eligió a un alcalde comunista. Con el tiempo, el desarrollo se ocupó de transformar la fisonomía geográfica y política del Campo de Gibraltar. Las ciudades se extendieron en un urbanismo horizontal y al trabajo industrial se le pegó como una lapa la corrupción y el menudeo favorecido por el contrabando y la proximidad con el Peñón. También emergieron otras prácticas, legales pero casi criminales, como el bunkering en alta mar.

Algunos años después de aquel programa que cambió los futuros chiringuitos por la silueta de las torres de Cepsa, las hipotecas del desarrollo industrial comenzaron a sentirse en forma de contaminación atmosférica y deterioro ambiental. En 2009, la crisis económica golpeó a la bahía. En un año se perdieron 34.000 empleos. Desaparecieron, se marcharon, varias empresas, algunas de ellas emblemas de la época dorada de los beneficios fiscales que puso en marcha la zonificación de 1966 y el plan de desarrollo de 1957. La crisis de los contenedores de 2021 amenaza con dar un nuevo golpe al Campo de Gibraltar, una de las pocas comarcas en las que el paro subió en el mejor mes de octubre para el empleo desde 1975. El capitalismo ha dejado su pisada en la bahía a lo largo de más de un siglo.

Cien kilómetros hacia occidente. El 15 de noviembre, el Diario de Cádiz publicaba una noticia que desinflaba un globo creado un mes antes. El posible traslado a la capital de la provincia del Tribunal Constitucional no parece estar en los planes del Gobierno, que apostará por la descentralización de las instituciones solo cuando se trate de organismos de nueva creación. Se esfuma así un traslado con el que se pretendía rendir homenaje a la Constitución de 1812, la primera de la historia de España. Pero se trataba de un cambio de sede algo más que simbólico, en cuanto la presencia de las administraciones en una ciudad supone un aporte económico directo, invoca eso que se llama dinamismo. Algo que Cádiz podría aprovechar: el paro en la ciudad en un buen año como este 2021, afecta a uno de cada cuatro habitantes.

La tanqueta, las imágenes de un policía golpeando a un señor mayor, emborrona otra vez la foto del Ejecutivo en la semana de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado
Un día después de que las noticias diesen que el Constitucional no se iba a mover de Madrid, sin relación con ese tema, estalló el conflicto del metal en las dos bahías, las de Cádiz y Algeciras. La provincia no será la sede de la alta magistratura pero se ha convertido durante diez días en el foco de la política española.

Prestigio y desprestigios
La patronal ha apretado las tuercas para incrementar el plusvalor que obtiene de sus empleados (da igual cuando leas esto). La patronal, en este caso, es en gran medida el Estado, propietario de Navantia —constructora de corbetas de guerra, pero eso es otra historia—, de parte de Alestis, rescatada en 2015 y 2020, y de Airbus. El Gobierno juega sus cartas en el conflicto del sector. Interior envía a un contingente de antidisturbios a la provincia y la “jodida tanqueta” patrulla el barrio de Bazán (así se llamaba antes Navantia) en San Fernando, y da rienda suelta a la violencia policial para sofocar un conflicto gastando más recursos de los que reclaman los trabajadores.

La ortodoxia dice que si no quieres que la inflación suba debes evitar decir que la inflación va a subir. Pero, a pesar de las medias palabras, las plantillas del metal de la provincia han sido conscientes del problema que se cierne sobre ellas y sobre sus hogares en la próxima etapa. Ese “plato de comida” del que hablaba el alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', en una de sus alocuciones de defensa de la movilización es un símbolo para una provincia que encabeza los ranking de desempleo y que está marcada por la falta de expectativas juveniles. “Estamos viendo el rebose de la impotencia de la gente, que trabaja más para llevar menos a sus casas. Esta huelga significa hastío, el hastío de sentirse esclavo”, explicaba el secretario general de CGT en Andalucía al periodista de El Salto, Alfonso Torres.

La batalla de Cádiz se ha producido para garantizar condiciones de mínimos: la ultraactividad del convenio del sector y que las subidas salariales se vinculen a un IPC ya desbocado. El repertorio habitual de lucha —barricadas, fuego, cortes de tráfico— ha sacudido una discusión desordenada en torno al debate de fondo sobre la composición de las clases en los tiempos del algoritmo. Cádiz ha sido el primer momento de un conflicto por la revalorización de los salarios, y ha servido para fijar las posiciones de salida. El Gobierno y las direcciones de los sindicatos CC OO y UGT se reparten esta semana la parte del desprestigio.

Al menos una parte de la gran industria de las dos bahías no corre peligro. Siguen funcionando las políticas de prestigio, esto es, sigue siendo necesario cierto nivel de empleo industrial, cueste lo que cueste, para demostrar que España es un país serio, que se quedó en el lado ganador de la historia en 1906, aunque fuera enganchado al furgón de cola. Si Cádiz no es rentable es porque Europa no es rentable, no al menos en los términos de los herederos de los Estados imperialistas de 1906.

Pero es fácil entender por qué el disciplinamiento de la mano de obra prevalece sobre el hecho de que la poca industria que hay no puede desaparecer en el corto plazo. La tanqueta y las imágenes de un policía nacional golpeando a un señor mayor emborronan otra vez la foto del Ejecutivo en la semana de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso. La naturaleza del conflicto establecía desde el comienzo que al partido del orden, el PSOE, solo le valía la respuesta conocida: la jodida tanqueta, el acuerdo desequilibrado.

Tras nueve días de huelga, el anuncio del preacuerdo comenzaba a retirar el foco informativo sobre las dos bahías y sobre el conjunto de la provincia. Lo que crece mengua. Las deficiencias de ese texto, el papel de los sindicatos de concertación en la desconvocatoria de la huelga y en la aprobación de un acuerdo de mínimos, que no garantiza que los sueldos se amarren a las subidas de precios y que perjudica a los trabajadores precarios de la industria auxiliar, ha fragmentado de nuevo un consenso que se había conseguido armar, pese a la criminalización, en torno a la defensa del metal. Hasta ahora, nadie, ni patronal, ni sindicatos mayoritarios, ni Gobierno, se sale del guion preestablecido. El fuego de la huelga indefinida, sin embargo, deja un rastro que seguir para los próximos meses.

Tras nueve días de huelga, la historia está preparada para pasar de nuevo de largo por las costas de Cádiz. Hasta la próxima vez.