Juzgado por revelación de secretos por publicar imágenes de un desahucio en Guadalajara

Diego Herchhoren, activista de la PAH Guadalajara, se enfrenta a cuatro años y medio de cárcel en un juicio que se celebra el próximo 9 de diciembre.

Diego Herchhoren, activista de PAH Guadalajara, se enfrenta a cuatro años y medio de cárcel por publicar imágenes de un desahucio. El próximo 9 de noviembre, el Juzgado de lo Penal número 2 de Guadalajara juzgará a este activista, por delitos contra la intimidad o revelación de secretos —por los que le piden tres años de cárcel—, injurias con publicidad —doce meses de multa con cuota diaria de 10 euros o seis meses de cárcel en caso de impago— y desobediencia —un año de cárcel— con la Fiscalía como única acusación.

El desahucio del que Herchhoren publicó imágenes tuvo lugar el 26 de marzo de 2019 y se ejecutó por sorpresa en el barrio Operación Alamín, donde ya estaban fechadas varias ejecuciones hipotecarias de viviendas propiedad de la Sociedad de San Vicente de Paúl. Según explican desde PAH Guadalajara, ese día varios activistas habían acudido al centro de salud del barrio para repartir panfletos denunciando los desahucios que iban a tener lugar en los siguientes días a las 8 de la mañana y, al poco de llegar, se vieron rodeados por varios coches de policía y varios agentes de paisano que se situaron frente al número 4 de la calle Ávila. Habían acudido para ejecutar otro desahucio del que no tenían noticia, y subieron a sus viviendas para ver y grabar lo que ocurría desde sus balcones.

“Se trataba de la ejecución judicial de un desahucio en uno de los bajos de esta barriada, ocupado por una familia compuesta por una pareja de 17 y 19 años, y un bebé que había nacido apenas 4 meses antes. No les dieron oportunidad de negociar nada; nadie de los servicios sociales municipales o autonómicos estaba allí para, al menos, garantizar que la familia iba a dormir bajo techo en los próximos días”, explican desde PAH Guadalajara. “Un agente de la Policía Nacional vestido de paisano se interponía entre el portal y la calle, asegurándose de que ninguno de los miembros de la familia pudiera recoger las pocas pertenencias que quedaban en la vivienda, y los miembros de la Comisión Judicial esperaban a pocos metros a que los agentes ‘aseguraran’ la zona, porque era evidente que esa familia suponía un gravísimo riesgo para su integridad”, continúa el colectivo.

No pudieron parar el desahucio, pero varios vecinos de la zona y activistas de PAH Guadalajara protestaron y tomaron imágenes de su ejecución que publicaron en sus cuentas en redes sociales. Uno de los activistas que tomó imágenes fue Diego.

El 4 de abril, PAH Guadalajara recibió una notificación del Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara a partir de una denuncia realizada el 27 de marzo por el Servicio común de notificaciones y embargos de Guadalajara. La denuncia señalaba a Diego como la persona que realizó las fotografías de la comisión judicial cuando estaba ejecutando el desahucio de la calle Ávila que fueron después publicadas en las redes sociales de PAH Guadalajara. Denunciaba que las imágenes fueron tomadas sin el consentimiento de los funcionarios, aunque estos estaban en la vía pública, y que en las redes sociales se acompañó la imagen con la frase “recordad estas caras. Son los miembros de la Comisión Judicial y la procuradora de @SSVPE [Sociedad San Vicente de Paúl en España] Son quienes han dejado a una familia hoy en la calle #AlaminNoSeVende”. La denuncia del servicio de embargos acusaba a Diego de un delito de amenazas y otro de revelación de secretos.

Como respuesta a la denuncia, desde el juzgado emitieron un auto en el que se ordenaba, como medida cautelar, la retirada de las imágenes del desahucio publicadas en las redes sociales de PAH Guadalajara y advertía a los miembros de la plataforma de que si volvían a publicar contenidos parecidos, serían investigados por delitos de revelación de secretos y desobediencia.

Desde PAH Guadalajara obedecieron el mandato judicial, pero también señalaron en redes sociales que habían sido obligados a retirar las imágenes del desahucio, una medida que ha sido criticada por juristas como Joaquín Urias —profesor de derecho constitucional y exmagistrado en el Tribunal Constitucional—, quien calificó la decisión de la juez de “censura” a la vez que la instaba desde su perfil de Twitter a “respetar los derechos fundamentales” o por el diputado de Unidas Podemos Rafa Mayoral, quien señaló que “la libertad de información y el derecho a un procedimiento judicial público permiten documentar las actuaciones de los funcionarios”.

En paralelo, la juez reclamó a Facebook y Twitter información sobre la cuenta en estas redes sociales de PAH Guadalajara, pero desde Twitter se negaron señalando que solo facilitan información de sus usuarios en relación a crímenes violentos y que para el resto de caso se debe hacer mediante comisiones rogatorias.