El juzgado ratifica que los pobladores de Fraguas paguen 110.000 por el derribo del pueblo

La suma, en concepto de responsabilidad civil, supondrá la entrada en la cárcel de las seis personas condenadas por delitos contra ordenación del territorio en caso de impago.

109.840,87 euros es la cifra exacta con la que el Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara valora el coste del derribo de las construcciones levantadas por los repobladores de Fraguas en este pueblo recuperado en la sierra. Una suma que, según confirma el auto de este juzgado emitido el pasado 20 de junio y al que ha tenido acceso El Salto, deberán, en concepto de responsabilidad civil, costear las seis personas que fueron condenadas por delitos contra la ordenación del territorio por levantar de nuevo este pueblo en concepto.

“O pagamos eso o vamos a la cárcel dos años y tres meses”, explica a El Salto Lalo Aracil, uno de los repobladores que en 2013 se lanzó a reconstruir Fraguas, un pueblo de Guadalajara que dejó de existir hace 50 años, por decisión de Franco, que ordenó su demolición para la reforestación del monte con pinos. Aracil, que es también una de las seis personas condenadas por la reconstrucción del pueblo, anuncia que van a recurrir este auto y han emprendido una campaña para sumar apoyos. Aunque él y las otras personas condenadas en 2018 lo fueron a penas de cárcel de un año y medio además de al pago de una multa de 1.080 euros también por delitos contra la ordenación del territorio y de otros 2.160 euros por usurpación, en 2019 la Audiencia Provincial, que confirmó las condenas, añadió que estas seis personas corrieran con los gastos de la demolición, con lo que, en caso de no pagarla, la condena de cárcel, ahora sí con entrada en prisión, aumentaría a los dos años y tres meses.

Según explica el auto, el presupuesto de cerca de 110.000 euros y al que también ha tenido acceso El Salto, redactado por la empresa pública Tragsa en febrero de 2021, incluiría el “coste de demolición de las obras y construcciones, así como la estimación de los costes en la retirada de los residuos existentes anteriores al 7 de febrero de 2017”.

“Este presupuesto está súper inflado”, afirma Aracil. “Por un lado calculan el volumen de escombros que hay en las casas como si fueran macizas, como si dentro de ellas no hubiera ni aire, solo piedras, hormigón, ladrillos o lo que sea”, explica. También señala que en el presupuesto cobran varias veces por los mismos conceptos, y cobran hasta las mascarillas, botas y guantes de los operarios, los cambios de aceite de las máquinas.

En abril de 2021, con la demolición de Fraguas ya en vías de ejecución, el CSIC advirtió de la ilegalidad del derribo del poblado
En abril de 2021, con la demolición de Fraguas ya en vías de ejecución, el CSIC advirtió de la ilegalidad del derribo del poblado a la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara, María del Carmen Molina Mansilla, cuyo nombre saltó a los medios de comunicación en 2016, cuando, siendo titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vitoria preguntó a una víctima de violación si había cerrado bien las piernas. El informe remitido por el CSIC a la magistrada señalaba que todo el conjunto del pueblo de Fraguas es susceptible de estar protegido por la Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha.

Ante el informe del CSIC, la magistrada decidió paralizar la demolición de Fraguas y encargar al Seprona un informe sobre el valor artístico de las construcciones de este poblado. Poco más de un año después, la magistrada ha retomado la ejecución del pueblo de Fraguas.

Además de la vía penal, los repobladores de Fraguas siguen también pendientes de su desalojo por vía administrativa, desde que en diciembre del año pasado la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha emitiera una resolución para echarles del pueblo firmada por el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, dándoles un plazo de diez días desde entonces para el desalojo voluntario. Según confirma Aracil a El Salto, desde Fraguas recurrieron la resolución y acudieron a la vía contencioso-administrativa, que decidió mantener el desalojo dictado por la administración manchega.