EL PARLAMENTO CATALÁN DESAFÍA A ESPAÑA

El Ejecutivo pedirá al Consejo de Estado el informe preceptivo para recurrir la resolución ante el Tribunal Constitucional
El Gobierno activará su respuesta jurídica al desafío secesionista desde el minuto uno. Tan pronto como la resolución que aboga por la ruptura con España sea aprobada por el Parlamento catalán, el Ejecutivo de Mariano Rajoy pedirá al Consejo de Estado el informe preceptivo para recurrirla ante el Tribunal Constitucional. Para los servicios jurídicos del Estado este plan rupturista constituye un «desafío abierto» a la Constitución y así se lo hará saber al órgano de garantías en su escrito de impugnación. Como adelantó ABC, la Abogacía del Estado hará de la soberanía nacional el eje de su recurso, en el que pondrá de manifiesto la vulneración de al menos cuatro artículos de la Carta Magna y dos del Estatuto de autonomía.

Cuando el informe del Consejo de Estado, órgano consultivo del Gobierno, esté preparado (lo que podría suceder esta misma tarde o mañana a primera hora de la mañana), Rajoy convocará inmediatamente al Consejo de Ministros con carácter extraordinario. Necesita su autorización para interponer el recurso de inconstitucionalidad. Al filo del mediodía, antes del cierre del registro del Tribunal Constitucionalidad, la impugnación podría estar ya sobre la mesa de los magistrados, que tendrán que reunirse en pleno extraordinario, pues el ordinario se celebra cada quince días y ya fue la semana pasada. Precisamente fue esa última reunión la que propició la votación de hoy al rechazar unánimemente los magistrados la paralización del Pleno de la ruptura al ser partidarios del «debate político»

Convoque el TC el Pleno mañana martes por la tarde o ya el miércoles, la paralización de la resolución rupturista será inmediata, una vez que los magistrados comprueben que el escrito de la Abogacía del Estado no tiene defectos de forma. El artículo 161.2 de la Constitución señala que «(...) la impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses». Los magistrados, por tanto, no entrarán todavía a valorar el objeto del recurso, es decir, si la resolución es o no inconstitucional.
En la providencia en la que el TC anunciará la suspensión cautelar del plan rupturista, notificará al Parlamento catalán que dispone de veinte días para formular las alegaciones que considere oportunas y para presentar documentación. Además, y precisamente para evitar que los independentistas aprovechen ese plazo de alegaciones para desarrollar alguna de los puntos del proyecto secesionista, el Tribunal establecerá que la resolución queda suspendida desde la presentación del recurso. Previsiblemente los magistrados tendrán que pronunciarse sobre la solicitud que hará el Gobierno (en virtud de la reciente reforma de la ley orgánica del TC) de que esta providencia sea notificada personalmente a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell. Cualquier iniciativa que a partir de ese momento se derive de la resolución recurrida será considerada ya un acto de desobediencia al TC. El órgano de garantías dispone por primera vez de herramientas para hacer cumplir sus resoluciones: multas, suspensiones e inhabilitaciones, al margen de la actuación que pueda llevar a cabo la Fiscalía por la vía penal.