La voz de los pensionistas en las calles: con lo robao estaba arreglao

El coste de los delitos de corrupción en España se cifra en 90.000 millones al año, a 500 euros por ciudadano.

El señor Aznar piensa y dice que para preservar las pensiones públicas hay que jubilarse a los setenta años. Así se expresa quien fue presidente de esta nación durante dos legislaturas, dos, gracias a la decadencia del partido que hasta su llegada había gobernado España entre 1982 y 1996.

Entre lo que piensa quien fue presidente de honor del Partido Popular y sus sucesores en el mismo y en el Gobierno del país apenas hay diferencias, como no sea la apuntada por Cayo Lara, esto es, que Aznar el de las Azores percibe una pensión vitalicia de casi 80.000 euros desde hace trece años. Don José María representa el entendimiento de una nación en la que, como decía el otro día una pancarta exhibida en la manifestación de Salamanca, hay pocos que cobran mucho y muchos que cobran poco. Es lo que se está defendiendo desde el Partido Popular, al que votaba hasta ahora un porcentaje importante de jubilados.

Con las pensiones ya empobrecidas, a este individuo lo que se le ocurre decir es que la solución estriba en jubilarse a los setenta años, siguiendo los principios aireados por las cabezas más visibles del neoliberalismo explotador. Dado que vivimos más, debemos trabajar más para que señores como el mentado y cuantos se han convertido en casta privilegiada gracias a la política perciban pensiones vitalicias como la suya.

Si además se tiene en cuenta la corrupción política que desde hace lustros constituye una de las lacras más bochornosas del país, el cartel de la manifestación de los pensionistas en Salamanca que fotografió Victorino el pasado sábado resulta indispensable como ilustración de lo más pertinente a estos datos: La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifra en 90.000 millones de euros al año el coste de esos delitos en España.

Más de la mitad, 47.500 millones de euros, el 4,5% del PIB, corresponde a sobrecostes administrativos por las deficiencias en el control de las contrataciones públicas. Los otros 40.000 millones son absorbidos, directa o indirectamente, por las muchas formas de corrupción existentes. Esto viene a ser unos 500 euros por ciudadano al año, de ahí que Jesús Lizcano, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid, sostenga que la corrupción es un impuesto implícito al ciudadano, una pérdida, un gravamen imprevisto que no se factura y no se presupuesta.

Este brutal despilfarro de los fondos públicos ha contribuido de un modo determinante a minar desde hace años el estado de bienestar, con sus consiguientes y ostensibles recortes y restricciones en los servicios públicos, en la caja de las pensiones y en el poder adquisitivo de los jubilados, a lo que se les está dando un trato de limosna en sus derechos.

Si los pensionistas salen multitudinariamente a la calle, y seguirán saliendo, lo hacen porque, a diferencia del portavoz Hernando que los desprecia, ellos pertenecen a aquellas generaciones que hicieron posible los derechos que hoy se les quiere restringir o robar. Estamos en eso, portavoz Hernando, y quienes como usted son capaces de decir a esa gente que su lucha no sirve para nada están en el mismo bando de quienes, en el pasado, hicieron lo posible porque así fuera. Pero no fue.