17 de marzo

El Consejo de Ministros decide en qué sentido afronta la crisis económica.

El Consejo de Ministros aprueba las medidas de carácter económico para afrontar la crisis provocada por la extensión del coronavirus.

Jornada clave para conocer en qué sentido camina el Gobierno hacia la resolución de la crisis económica provocada por la propagación del coronavirus. En el Consejo de Ministros que se celebra hoy se aprobarán las medidas económicas dentro del plan de choque para hacer frente a la pandemia del covid19. En La Moncloa se encontrarán frente a frente dos alas del Ejecutivo: la partidaria de impedir que aumente la deuda pública y el sector que piensa que, sin medidas de inversión masiva, no se podrá evitar una crisis política y social.

Lo previsible es que se aprueben medidas que contemplan más liquidez para la economía; apoyo a familias y ciudadanos vulnerables; flexibilidad en los ajustes temporales de plantillas y apoyo a la investigación de vacunas y curas de la enfermedad. También se espera la aprobación de la concesión de la prestación por desempleo sin exigir periodo de carencia y la suspensión temporal del pago de cotizaciones a empresas, autónomos y trabajadores.

Las nuevas medidas se sumarán a las primeras del paquete de choque económico ya recogidas en el decreto-ley aprobado el pasado jueves en Consejo de Ministros extraordinario, con la inyección de 18.225 millones para paliar las consecuencias económicas.

Buena parte de las medidas que verán la luz este martes coinciden con las que acordaron proponer al Ejecutivo sindicatos, empresarios y organizaciones de autónomos. Entre ellas, se incluirán en principio la agilización de los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) en determinados sectores y el acceso a la protección por desempleo sin exigir periodo de carencia.

Los sindicatos también piden que los periodos de la prestación por desempleo consumidos durante esa suspensión no cuenten para futuras prestaciones por desempleo.

En ese sentido, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha exigido al Gobierno la paralización inmediata de todos los trabajos que no sean imprescindibles para la salud y la vida de las personas; garantías para que las personas que se vean afectadas por suspensiones temporales de empleo perciban sus retribuciones íntegra, que no se contabilice este tiempo a los efectos del cómputo de la prestación por desempleo y que además no sea un requisito para su percepción un tiempo mínimo cotizado a la Seguridad Social; que en los casos donde el teletrabajo haya sido acordado por las empresas y sus plantillas se respete la normativa relativa a la salud laboral y que en ningún caso se exijan ratios de productividad que impidan la conciliación de la vida laboral con la familiar; el establecimiento de una moratoria para el pago de hipotecas, paralizándose cualquier desahucio que estuviera acordado; garantías para aquellas personas sin hogar, personas refugiadas o migrantes en cuanto a que sus necesidades básicas estén cubiertas; garantías de protección y respeto de los derechos humanos fundamentales de las personas que en estos momentos están privadas de libertad en centros penitenciarios, en CIE o centros de menores no acompañados; que los medios sanitarios privados, especialmente aquellos que se establecieron con medios públicos, pasen inmediatamente a titularidad de las distintas Administraciones de forma permanente; garantías de protección para el personal sanitario, de limpieza y mantenimiento de los centros hospitalarios y de salud, que están trabajando en la primera línea de lucha contra la pandemia, y la dotación de elementos de protección adecuados para todas aquellas personas que tienen que realizar trabajos esenciales para la comunidad.

Una batería de peticiones que va en la línea de las que ayer planteó la campaña #PlanDeChoqueSocial, presentada por distintas organizaciones sociales.